lLa industria de la moda y la confección viene siendo señalada desde hace varios años como un sector especialmente contaminante e irrespetuoso con los derechos humanos. Las marcas y empresas francesas están sujetas a una legislación y a unos estándares cada vez más exigentes. Un proyecto de ley destinado a “reducir el impacto ambiental de la industria textil” entra en discusión en el Parlamento a partir del jueves 14 de marzo.
Un número creciente de empresas, pequeñas y grandes, están invirtiendo en una mayor trazabilidad, en la fabricación local (Francia y Europa), en la recuperación de textiles usados o de segunda mano, en el ecodiseño, etc. las instituciones desempeñan un papel en la cohesión económica y social, etc.
Pero hoy se enfrentan a una competencia desleal: la de las empresas de moda ultrarrápida (más del 20% del mercado), que con demasiada frecuencia ignoran las normas medioambientales y sociales europeas, que destruyen puestos de trabajo y desertifican. nuestros centros urbanos.
Reforzar la vigilancia sobre las normas
Por eso apoyamos este proyecto de ley. Lamentablemente, no proporciona medidas suficientemente específicas ni recursos acordes con la crisis que afecta al sector de la moda francés y la necesidad de cambiar el comportamiento de los consumidores.
Cuando un producto se comercializa en nuestro territorio, debe respetar los estándares de fabricación, trazabilidad de su cadena de suministro, composición, información, propiedad intelectual, etc. Las empresas que tienen su sede y/o fabrican en Francia o Europa están sujetas a controles.
Pero, ¿cómo comprobamos el cumplimiento de estas normas para las importaciones y ventas online por parte de empresas con sede fuera de Europa? Existe una necesidad urgente de fortalecer los controles, particularmente cuando se trata de productos comprados en línea. La ley debería proporcionar más recursos con un enfoque inteligente, teniendo en cuenta las especificidades del sector de la moda.
Entre estas normas se encuentra la ley francesa del deber de vigilancia. Esta ley, adoptada en 2017, obliga a las grandes empresas a implementar un plan de vigilancia “para prevenir ataques graves a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la salud y la seguridad de las personas y el medio ambiente”. Este requisito no va acompañado de ninguna sanción en caso de incumplimiento. Y los medios de evaluación son extremadamente limitados.
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