Durante mucho tiempo, los partidarios del libre comercio sin restricciones han dominado dentro de la Unión Europea (UE). Pero la elección de Donald Trump, el ascenso de China, la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania han sacudido las cosas en los últimos años. Hoy, en sus relaciones económicas con el mundo exterior, y particularmente con Beijing pero también con Washington, la UE busca un equilibrio sutil: ser menos ingenua, reducir sus dependencias, protegerse mejor sin dejar de ser un continente abierto.
Las iniciativas presentadas por la Comisión Europea el miércoles 24 de enero, en nombre de “seguridad economica”, forman parte de esta lógica, aunque son significativamente menos ambiciosos de lo que quería el ejecutivo comunitario en junio de 2023. Su presidenta, Ursula von der Leyen, había mencionado de hecho la necesidad de un control reforzado de las inversiones extranjeras en el interior de la UE y de las exportaciones de bienes sensibles fuera de las fronteras comunitarias, para evitar que sus tecnologías sensibles o infraestructuras críticas caigan en manos hostiles, como las de China o Rusia. También había hecho campaña para que se establecieran controles sobre las inversiones de empresas europeas en terceros países, lo que facilitaba las fugas de tecnología.
Ante las protestas de los Estados miembros que temían las consecuencias y consideraban que con esta propuesta el ex ministro de Angela Merkel invadía sus competencias, la Comisión finalmente moderó su ardor. Varias capitales también sospechaban que la muy transatlántica Ursula von der Leyen quería hacer promesas a Estados Unidos.
Inteligencia artificial y semiconductores
Para evitar una “guerra por el territorio” con los Veintisiete, explicó la vicepresidenta del ejecutivo comunitario, Margrethe Vestager, es una “enfoque gradual” quien fue elegido. En última instancia, la única propuesta legislativa que la Comisión ha puesto sobre la mesa se refiere al refuerzo del control de las inversiones extranjeras en Europa, implementado en 2020. En virtud de ello, los Estados miembros, dotados de un mecanismo de control de las inversiones extranjeras, deben Informar a la Comisión y a otros países europeos de los proyectos actuales que puedan suscitar dudas.
La Comisión desea que “todos los Estados miembros con un mecanismo de control” inversiones extranjeras, mientras que hoy cuatro países son inesperados: Croacia, Chipre, Bulgaria y Grecia. Irlanda tampoco tiene ninguno, pero planea remediarlo este año. Además, hace campaña por “un ámbito de aplicación sectorial mínimo”, que podrían referirse a la inteligencia artificial, los semiconductores más diseñados, la biotecnología y la computación cuántica. Por último, el control también debe aplicarse a las inversiones intracomunitarias, cuando el inversor esté en manos de capitales de terceros países. El alcance de este texto sigue siendo limitado: la Comisión, sin embargo, no tiene poder para bloquear una inversión y la última palabra corresponde a los Estados miembros.
