El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) impuso una multa de $90.6 millones a Telcel, uno de los principales proveedores de servicios móviles de México, por prácticas que restringen la libre competencia en el mercado. Según el IFT, la empresa incurrió en conductas monopólicas al ofrecer incentivos a distribuidores destinados a bloquear la venta de productos de sus competidores en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco.
El IFT señaló que Telcel otorgó descuentos y beneficios a ciertos canales de distribución, condicionando la venta de paquetes de telefonía móvil a que no se coloquen en el mercado productos de otras empresas competidoras. Esta estrategia, señala el regulador, perjudicó los derechos de los consumidores al limitar su capacidad de elegir entre diferentes opciones de servicios de telefonía móvil.
La investigación que derivó en esta sanción comenzó en enero de 2021 y culminó con un Informe de Responsabilidad Probable a fines del año pasado. Telcel tuvo la oportunidad de impugnar esta decisión y presentar su defensa durante el proceso judicial.
Por su parte, América Móvil, el conglomerado propietario de Telcel, ha anunciado su intención de apelar la sentencia. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa rechazó las acusaciones y cuestionó la forma en que se llevó a cabo la investigación, diciendo que los reclamos en su contra se basaban en declaraciones de un competidor.
Telcel mantiene una posición dominante en el sector de telefonía móvil en México, operando aproximadamente el 58.7% de los 142.7 millones de líneas móviles registradas en el país. Al cierre del cuarto trimestre de 2023, la compañía reportó ingresos por 62,673 millones de pesos, lo que representa una participación de mercado del 69.1%.
El IFT enfatizó la importancia de los organismos reguladores para asegurar un mercado competitivo. Esta sanción resalta el papel clave que juegan estas entidades en la promoción de condiciones de libre competencia en el mercado en México, especialmente en el contexto de la discusión de una posible reforma que busca abolir los organismos autónomos, incluido el IFT.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una legislación que podría llevar a la desaparición del IFT y otras instituciones independientes, argumentando que representan un costo innecesario para el gobierno. Según el mandatario, estas entidades no están cumpliendo adecuadamente con su objeto, pues han recibido más de 32 mil 313 millones de pesos desde su constitución.
La posible abolición del IFT ha generado preocupación entre los expertos, quienes advierten que podría significar un revés para las industrias reguladas y afectar políticas establecidas en acuerdos comerciales como el T-MEC. Aunque los impulsores de la reforma aseguran que no afectará las obligaciones del país en el comercio internacional, el debate continúa.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Representantes ya aprobó el reglamento en términos generales, y la decisión final sobre la continuidad o cierre del IFT dependerá de la próxima convocatoria del Parlamento, que inició sus trabajos el 1 de septiembre. Con la mayoría calificada asegurada por el oficialismo, la situación del IFT y otros organismos autónomos se encuentra en un punto crítico.
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